La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias cerraron en el Consejo Agrario una postura de Comunidad para defender con «una sola voz» medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, que beneficien al agricultor profesional y faciliten la producción y la rentabilidad de las explotaciones. Una reunión en la que el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, también avanzó que el próximo lunes trasladará al ministro del ramo, Luis Planas, la necesidad de que la enfermedad hemorrágica epizoótica se incluya dentro de la campaña de saneamiento obligatorio, para lo que «hay que buscar lo antes posible una vacuna». Anunció que llegó después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el propio Dueñas, y los representantes de las opas de la Comunidad, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; los responsables de La Alianza, Lorenzo Rivera (COAG) y Aurelio González (UPA); y el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, escenificaron su unidad en un acto celebrado en la sede del Instituto Tecnológico de Castilla y León (Itacyl).
García-Gallardo consideró «muy positivo» el documento de consenso y aclaró que será el próximo lunes Gerardo Dueñas quien acudirá con los papeles debajo del brazo a una reunión de todos los consejeros de Agricultura a Madrid con el ministro Luis Planas, donde defenderá un conjunto de propuestas para acabar con las «excesivas restricciones» de la nueva PAC y «evitar entre todos» debilitar al campo, que es «una pieza fundamental a nivel social y económico». El vicepresidente aclaró que el texto incluye peticiones de flexibilización para la próxima campaña y medidas estructurales para el plan 2023-2027, modificaciones que esperan se incorporen a la propuesta que llevará España para que sea aprobada por la Comisión Europea.
En el documento se incluye también una nota en la que se reclama al Ministerio la puesta en marcha del Plan sectorial para el Ovino «con el fin de apoyar a este sector, cuyo abandono y disminución de censos año tras año resulta alarmante». En cuanto a las medidas de flexibilidad que se plantean, obedecen a la constatación de que «la rotación de las tierras de cultivo por parcela supone un cambio significativo en las políticas agrícolas en España que exige un periodo de adaptación, reflexión y concienciación de los agricultores». Y que afecta especialmente a los cultivos de maíz, que indirectamente repercuten sobre las explotaciones de vacuno que lo usan para alimentar a sus cabañas.
Postura de las opas
Donaciano Dujo (Asaja) destacó que la posición de Castilla y León es «clara» y pasa por «favorecer a los profesionales, a los que tenemos la agricultura como bien económico principal» y garantizó que «lucharemos por lo nuestro, porque el Gobierno central ponga en su sitio al profesional productivo y libre de la agricultura». Lorenzo Rivera (COAG) afirmó que se tomó en consideración un «documento importantísimo» porque si no cambian las exigencias de la PAC «en dos o tres años desaparecerán muchas explotaciones». Desde la UCCL, Jesús Manuel González Palacín aseguró que es un «día feliz», porque llevaban reclamado el documento desde verano.