Cataluña saldrá del Régimen Común de las comunidades autónomas y la Agencia Tributaria de la Generalitat pasará a recaudar todos los impuestos. Esta es la concesión que Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa a ERC para poder investir a Salvador Illa como próximo presidente catalán.

Esquerra Republicana ha avalado la oferta de acuerdo, que deberá ser ratificada este viernes por las bases del partido independentista sin que la opción de una negativa sobrevuele por la mente de nadie.

Así, mientras unos se frotan las manos, otros se rasgan las vestiduras viendo como Pedro Sánchez cruza una de las últimas líneas rojas que dijo no traspasar. Solo Page y Lambán se han atrevido en el PSOE a poner el grito en el cielo ante la propuesta. 

«El atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo», escribía de madrugada en sus redes sociales el líder socialista castellano-manchego. No es para menos. La cesión de la recaudación del 100% de impuestos a Cataluña rompe con el principio de solidaridad fiscal que ha regido la España de las autonomías, un pilar clave que está recogido en la Constitución.

El artículo 2 de la Carta Magna, tras hacer mención expresa a que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Además, por si fuera poco, el artículo 138 vela por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, enfatizando que las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

La Constitución lo dice muy claro, y es por eso que desde todas las comunidades autónomas se ha denunciado esta propuesta de ruptura de la igualdad y la solidaridad entre territorios.

Las alarmas se han encendido, y desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también advierten que esta especie de cupo catalán es una «barbaridad» y una «ruptura total del sistema» de financiación de régimen común.

Varios gobiernos autonómicos adelantaron ayer su intención de recurrir esta cesión de la recaudación en los tribunales, y seguro que otros muchos se sumarán en las próximas horas.

La Constitución protege muy claramente la «solidaridad fiscal», y cualquier cambio de las reglas del juego a mitad de la partida necesitará de mucho más consenso que el de Pedro Sánchez y ERC. Un cambio en la estructura económica del Estado no está contemplado en la Carta Magna, con lo que de seguir con esta idea sería necesaria una modificación del documento que, por fortuna, no tiene consenso ni discusión.