El ministro de Transportes, Óscar Puente, acudió al ejemplo de las meigas, trasladado al lawfare, la utilización política de la justicia, para afirmar que "haberla, hayla". Ejemplos de lawfare podrían ser la persecución judicial a la que ha sido sometido Podemos por un par de jueces que han tenido que archivar todas las causas abiertas contra el partido y sus dirigentes, algunas de las actuaciones de la policía patriótica sobre los partidos independentistas catalanes, sobre La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y ahora, según el senador del PP, José Antonio Monago, la sentencia del caso Gürtel que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante y que ha nombrado la soga en casa del ahorcado. O sea, que todos los partidos políticos consideran que cuando se les persigue judicialmente se hace por motivaciones políticas.
Como consecuencia de la negociación de la ley de amnistía se suceden en estos días una serie de movimientos procedentes de órganos judiciales de naturaleza política que no se corresponden con las funciones que tienen asignadas. La ley de amnistía y la aprobación de una serie de comisiones parlamentarias para investigar la "operación Cataluña" y el espionaje a los dirigentes independentistas, se han interpretado como un ataque a la división de poderes y sobre todo a la independencia judicial y al ejercicio de su labor. El inapropiado señalamiento de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, de una serie de jueces de los altos tribunales nacionales ha motivado que el poder judicial se revuelva contra el ataque recibido y por la reacción tardía por parte del Gobierno contra los improperios de la representante de uno de sus socios parlamentarios.
A pesar de que dos pesos pesados del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Defensa, Margarita Robles han condenado las palabras de la portavoz de Junts, el CGPJ ha vuelto a solicitar la convocatoria de una reunión urgente para protestar por la puesta en marcha de esas comisiones, a pesar de que el Gobierno ha afirmado que, en ningún caso, se pondrá en cuestión la actuación de los jueces, ni sus conclusiones tendrán consecuencias judiciales. Se trata de una intromisión del Poder Judicial en la labor del Legislativo? Si no lo es se le parece mucho, de la misma que el CGPJ se excedió al informar sobre la ley de amnistía, con el agravante de que en el momento de que lo hicieron aún no se conocía su texto. Los nueve vocales conservadores, del CGPJ capitidisminuido existente y sin renovar desde hace cinco años, vuelve a realizar una labor prospectiva y un uso partidista de su función y va más allá de la lógica defensa de los jueces señalados por Miriam Nogueras. Sin aspavientos, el Tribunal Constitucional, también ha salido en defensa de la magistrada Concepción Espejel.
Si el PP pretende despolitizar la justicia, en el caso de que eso sea posible, lo primero que tendría que hacer es pedir a los vocales conservadores del CGPJ que no se significasen de una manera tan abierta. porque, en un sentido amplio, el lawfare también podría incluir la actuación del CGPJ que actúa como órgano político de parte y deja en evidencia los motivos por los que el PP se niega a su renovación.