Paso atrás. A lo largo de las últimas semanas se había señalado el próximo 21 de mayo como el día previsto para que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez procediera al reconocimiento de Palestina como Estado. Sin embargo, Sánchez ha decidido posponer ese acto para realizarlo conjuntamente con otros países a pesar de que desde el Ejecutivo se había hablado de la autonomía de la diplomacia española para adoptar una medida, que el mismo había tratado de consensuar con otros países en sus giras europeas. El próximo miércoles explicará las razones de la dilación que también le había demandado el PP, precisamente para recorrer ese camino con más naciones.
Aunque desde el Ejecutivo se afirma que se hace para contribuir a los esfuerzos para acabar con la invasión de Gaza por Israel tras los tentados de Hamás del 7 de octubre, es una quimera pensar que la decisión española tenga un efecto taumatúrgico semejante, porque el gobierno israelí está dispuesto a acabar con el grupo terrorista a pesar de las presiones que recibe por pate de una buena parte de la comunidad internacional, incluido alguno de sus socios incondicionales como Estados Unidos, dada la desproporción en su empeño que ya ha causado más de 35.000 muertos en su mayoría civiles.
Esa decisión que deberá adoptar el Consejo de ministros viene precedida de otra con menor repercusión diplomática pero más adecuada al fin que se propone el Gobierno de contribuir a parar la guerra, la prohibición de que atracara en el puerto de Cartagena a un carguero procedente de la India, el Marianne Danica, cargado de material explosivo con destinado al puerto israelí de Haifa, lo que ha tenido como consecuencia que el buque Borkum, que esperaba para entrar en el mismo puerto levara anclas hacia su destino final en Eslovenia. El Borkum, según el Ministerio de Transporte tenía todos los papeles en regla y su cargamento de armas iba destinado a la república Checa, pero en Sumar y Podemos se maliciaron que el destino final del armamento era Israel, presentaron querellas ante la fiscalía y la decisión del armador de continuar el viaje para evitar problemas judiciales vendría a dar pábulo a sus sospechas.
Sumar y Podemos pueden atribuirse ese éxito y ahora todos los armadores saben que sus buques son "non gratos" en los puertos españoles si llevan armas susceptibles de servir para que Israel mantenga su ofensiva en la Franja de Gaza, y tendrán que buscar otros puertos de atraque, aunque no le faltará quien le suministre munición.
Y es ahí donde es preciso incidir, en la necesidad de un embargo total de armas que se utilizan de forma impropia y brutal por un país que se dice la única democracia en Oriente Próximo. A pesar de que el Congreso votó a favor de una proposición no de ley para ejecutar un embargo total de armas por parte de España a Israel, las empresas han seguido cumpliendo los contratos firmados con anterioridad al 7 de octubre, y solo a partir de ese momento no se han autorizado nuevas licencias de exportación. Otro gesto, aunque de menor cuantía por cuanto la contribución española para armar el ejército israelí es poco significativa.
Sea como fuere, los barcos cargados con armamento para Israel tendrán que pasar de largo por las costas españolas y también sería interesante aplicar la misma medida en el espacio aéreo y hacerlo intransitable para las armas que matan población gazatí inocente.