El dictamen de la Ley de Amnistía que salió el pasado jueves de la Comisión de Justicia del Congreso, y que oficialmente se llama Ley para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña, fue recibida por Félix Bolaños con una euforia sorprendente. Hay que tener mucha capacidad de falsear la verdad, o ser un ignorante funcional -que no es el caso- para decir, como ha dicho el ministro de Justicia, que va a ser «un referente mundial». 

Puede serlo, pero no en el sentido al que se refería Bolaños.

Aunque ha sido aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión, y lo será también por la mayoría de los diputados, se trata de una ley que va contra la independencia de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues conmina a este último a asumir las decisiones del Ejecutivo con el apoyo del Legislativo, dejando de lado los fundamentos del Estado de Derecho. Y eso no lo aceptará ningún país democrático. Es más: la intención del Gobierno, que ha buscado el apoyo del Parlamento -el Legislativo- es que se imponga al Código Penal, referencia de los jueces y fiscales para pronunciarse sobre los delitos de corrupción, traición, malversación y terrorismo a los que se aplicará la amnistía. 

Lo aprobado es un dictamen de la Comisión de Justicia que pasará al Congreso la semana próxima. Luego irá al Senado, de mayoría del PP, y podría tardar dos meses antes de devolverla al Congreso para su luz verde definitiva. Se trata de una ley que ha sido cuestionada por la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que ha expresado su inquietud por el texto, en el que recoge que no provocará la supuesta reconciliación de la sociedad catalana, como dice el Ejecutivo. Sus conclusiones, no obstante, han sido manipuladas por el Ejecutivo para convertirlo en un texto de apoyo a la ley. 

Otra de las maniobras del Gobierno y sus socios para hacer valer la importancia de la norma ha sido acusar de prevaricadores a los jueces que se oponen a ella, una descalificación hiriente. Inadmisible que desde el Ejecutivo se cuestione su imprescindible imparcialidad.

Sujeta al código penal

El papel de los jueces ante esta ley, lo que aparentemente no ha tenido en cuenta el gobierno ni sus socios, bien por falta de conocimiento, bien porque la prepotencia les ha llevado a no hacer las consultas pertinentes, es que efectivamente es obligado acudir al Código Penal a la hora de plantear la amnistía. Pero hay más: el Legislativo aprueba una ley promovida por el Ejecutivo o por un grupo parlamentario, pero la interpretación de esa ley es responsabilidad de los jueces y fiscales, solo de ellos. Tienen la última palabra.

Consultados distintos profesionales del Derecho coinciden en que el dictamen de la comisión de Justicia deja cabos sueltos. La urgencia de Puigdemont para que Sánchez acelerara el proceso que culminaría con la aprobación de la Ley de Amnistía ha provocado que se ha insistido más en incluir en el texto los cuatro delitos que permitirían amnistiar a las 1.500 personas que quiere Puigdemont, que en estudiar cómo hacerlo. Se trata de las más de 1.000 personas incursas en el procés y los actos ocurridos en el 2017 con la celebración de un referéndum ilegal y la proclamación unilateral de independencia en el Parlamento catalán, que se suspendió 45 segundos más tarde. 

Desde que Sánchez accedió a la Presidencia y presumió de que lograría la necesaria convivencia entre catalanes, Carles Puigdemont vio una posibilidad, desde su refugio de Waterloo, de lograr algún tipo de acuerdo con él. Que se acrecentó cuando en julio de 2023 el PSOE no ganó las elecciones pero el PP de Feijóo no logró los escaños suficientes para gobernar con Vox. Desde entonces, Sánchez dio prioridad absoluta al diálogo con Puigdemont, con siete escaños de Junts en el Congreso que le garantizaban la continuidad como presidente.

Puigdemont, evidentemente, impuso sus condiciones. La primera, una Ley de Amnistía. La segunda y sucesivas, que la norma incluyera los delitos de malversación, traición, corrupción y terrorismo. Las negociaciones han sido largas y se fueron aceptando todas las exigencias del huido, incluidas que el perdón alcanzara a la familia Pujol, que no había participado en los actos que convulsionaron el otoño de 2017. Actos de sedición, según la Justicia, con la condena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a una docena de dirigentes independentistas, que pasaron varios años en prisión antes de que fueran indultados por el Gobierno. 

Entre ellos no se encontraba el Puigdemont, que se había fugado a Bélgica y desde allí, desde un palacete alquilado en Waterloo, creó un Comité para la República. Tras el indulto a sus antiguos compañeros de gobierno, prepara su regreso a España gracias a la Ley de Amnistía que ha negociado con los colaboradores de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, Félix Bolaños y José Luis Rodríguez Zapatero son quienes han mantenido los contactos con el dirigente de Junts Jordi Turull y el propio Puigdemont.

¿Antes del verano?

El expresident y las personas a las que podría aplicarse la amnistía gracias a la ley que se aprobará dentro de dos o tres meses consideran que serán amnistiados antes de que llegue el verano. Es más, desde el círculo de Waterloo se transmite que el expresidente podrá viajar a España en pocas semanas y sería recibido con alfombra roja, limpio de polvo y paja.

No es tan fácil. Como hemos apuntado, la ley se aprobará sin ninguna duda, y además no se aceptarán las posibles modificaciones que pueda incluir el PP durante su paso por el Senado, se anularán al regresar al Congreso. Pero la aplicación de la ley corresponde a los tribunales, a los jueces, los únicos que tienen competencias para interpretar cómo afecta la norma a cada una de las personas que solicitan su aplicación, siempre teniendo el cuenta el Código Penal. En ese sentido, por mucho que los miembros de la Comisión de Justicia hayan acusado a los jueces, en general, de prevaricadores, el Estado de Derecho otorga plena independencia al Poder Judicial sobre el Legislativo y el Ejecutivo. Lo que recogen todos los países democráticos del mundo. Si en España el Ejecutivo y el Legislativo, hoy bajo las presiones y exigencias de Puigdemont, se negaran a aceptar las decisiones de los tribunales, el Supremo podría presentar una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y con toda seguridad lo haría: el legislador no puede intervenir en ninguna decisión que tome la Justicia. La cuestión previa no paraliza la amnistía, pero suspende la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el tribunal europeo. 

Es decir, se prevé un choque de trenes de imprevisibles consecuencias y podría ocurrir que los esfuerzos de Puigdemont por llegar a España en olor de multitudes que lo aclamen al grito de president e independencia se queden en nada, y se encuentre con que la ley que él ha dictado no le sea útil para alcanzar lo que busca: la Generalitat. Y desde allí, como ha anunciado su brazo derecho. Jordi Turull, promover primero la autodeterminación y, después, la independencia.

No le va a ser tan fácil, ni siquiera con la ayuda incondicional de Pedro Sánchez.