La contratación realizada por la Junta en el año 2021 alcanzó los niveles de cuantía económica de los años previos a la pandemia de covid-19, al suscribirse 2.914 expedientes por valor de 764 millones de euros, cifras similares a los 762 millones del año 2019 en virtud de los 3.224 contratos suscritos entonces.
Así lo señala el informe de fiscalización de la contratación administrativa realizada por el conjunto de la administración de la Comunidad en 2021, presentada ayer por el presidente del Consejo de Cuentas autonómico, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, y donde planteó que, no obstante, la cantidad referida se encuentra aún lejos del máximo alcanzado en 2006, con 1.486 millones.
Los datos apuntan que el mayor volumen de contratación se realizó, en 2021, por la Gerencia de Salud, con el 51,3 por ciento, aunque no debido a la pandemia, ya que este ente ya representó el mismo porcentaje en los años previos, aunque superior en 2020 con motivo de la incidencia de la covid, con el 62 por ciento, según informa Ical.
Por tipo de contratos, el 42,8 por ciento correspondió a servicios, el 36,3 por ciento a suministros y el 18,3 por ciento a obras, mientras que, con relación al procedimiento de adjudicación, los contratos abierto se acercaron al 48 por ciento mientras que los negociados sin publicidad regresaron al marco normal, con un 17,4 por ciento, tras representar el 42 por ciento el año previo por la situación de emergencia por la covid.
En cuanto al cumplimiento de publicidad y transparencia de los contratos, así como de concurrencia, acceso e igualdad de trato como marca la ley, Amilivia expuso que la Junta «cumple de manera general» y que «la mayoría de las irregularidades detectadas volvieron a concentrarse en la fase preparatoria del expediente», aunque también se detectaron «deficiencias» en algunos de los 90 expedientes analizados como la ausencia de justificación y extensión de las necesidades a satisfacer, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad y la ausencia de justificación suficiente del presupuesto base de licitación, así como la incorrecta definición de los criterios de adjudicación.
Por ello, y pese a que la Junta vuelve a cumplir «razonablemente» con la legalidad aplicable, el Consejo de Cuentas recomendó la depuración de las deficiencias detectadas en el Registro Público de Contratos, el establecimiento de un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil del contratante, la incidencia en la objetividad de los criterios de adjudicación, la motivación suficiente de las unidades de contratación sobre las ofertas y la determinación en las cláusulas administrativas de la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones.
Además, se pide a los órganos de contratación, en particular a las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Economía y Hacienda, y Agricultura, «extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y ejecución establecido» y, en concreto a la Consejería de Cultura y al Ecyl, que inicien el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación.
Algunas dudas.
Tras la presentación de Amilivia, la primera procuradora en intervenir fue Alicia Gallego (UPL), que lamentó la «incertidumbre» que a veces genera la «falta de publicidad» de los contratos públicos, por lo que consideró acertada la recomendación de que los informes deben estar «debidamente justificados» para evitar las «dudas».
Por su parte, Javier Teira (Vox) agradeció la «exhaustividad» del informe por exponer cada una de las incidencias e «identificar puntualmente las salvedades» que definió como «debilidades» y ante las que mostró su confianza en que «sean solventadas» por la Junta, para lo que planteó la simplificación administrativa para «mejorar la contratación sin menoscabo de la legalidad».
A su vez, la procuradora socialista Laura Pelegrina compartió las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Cuentas, ya que plantean soluciones ante los «incumplimientos en los principios de publicidad y transparencia» en la gestión del «dinero de todos».
«Son 202 incumplimientos en publicidad, organización y control interno, procedimiento de contratación y adjudicación, y ejecución y extinción del contrato, que deberían ser objeto de preocupación para la Junta», planteó la procuradora socialista, que acusó de «mala planificación» a 10 de los 16 organismos fiscalizados.
No incumple.
Rosa Esteban (PP) defendió por su parte la labor del Gobierno autonómico en base al informe, al situar el contexto por el que «estábamos en pandemia y había restricciones aún en funcionamiento», pese a lo que defendió que la Junta «ha cumplido, de manera general, con la normativa presupuestaria y contractual».
«La Administración autonómica no está incumpliendo la ley, sino que se producen irregularidades que hay que solventar pero que no depende solo de un partido político», justificó Esteban.
La respuesta de Amilivia a todos los grupos planteó una reflexión sobre el objetivo final de cada una de sus comparecencias, por las que presenta informes para «suscitar el debate» en base a una labor parlamentaria de control al Gobierno que es «la principal función» del Consejo de Cuentas.