Continúa el bloqueo en la elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial a poco más de dos semanas de que comience el año judicial. A pesar de las vías negociadoras que parece que se están abriendo, la situación de enquistamiento en la que se encuentra sumido este órgano permanece y no se desprende de esos tintes ideológicos que le han conducido a esta situación y del que necesita desvincularse para que la judicatura tenga garantizada ante toda la ciudadanía una independencia que debería estar fuera de toda duda.
El órgano de gobierno de los jueces volvía a reunirse en la mañana de este lunes, en lo que era la cuarta reunión desde que se constituyó tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para su renovación, para abordar otros asuntos de urgencia, quedando una vez más en el aire el nombramiento de su futuro presidente para lo que se requiere un respaldo de doce votos de los veinte vocales que lo integran (diez fueron elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP).
Una comisión negociadora formada por ocho vocales está tratando de acercar posturas con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que concluya el mes de agosto, teniendo en cuenta que el próximo 5 de septiembre tendrá lugar el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido por el rey, y sería una situación inadmisible que interviniese en esa cita un presidente interino, después de que se haya superado un retraso de cinco años en su renovación tras el severo toque de atención que llegó desde Bruselas.
Lo que debería haber sido una renovación fruto del consenso, que abriese una nueva etapa en el órgano de gobierno de la judicatura, que se desligase del control que han venido ejerciendo los partidos políticos sobre sus actuaciones, parece que no se ha llevado a cabo, y la forma de actuar de esos vocales está más próxima a la de un cambio de nombres que apelan a la defensa de un interés ideológico (que les viene impuesto por aquellos que han propiciado su nombramiento) por encima de lo que debería marcar su acción, que tendría que ser la búsqueda de un órgano judicial que actúe con plena independencia para salvaguardar el interés general de la ciudadanía y que afronte con plena decisión la resolución de los numerosos problemas que afectan al mundo de la judicatura, que se han visto postergados por ese bloqueo sistemático que se ha vivido en los últimos años.
Tiempo hay para alcanzar un acuerdo antes de que arranque el año judicial (aunque ya será en el último momento, puesto que la próxima reunión será el 2 de septiembre), pero las sensaciones que están quedando tras la renovación del CGPJ no pueden ser peores. Y mucho tiene que cambiar su funcionamiento para que ese lastre que arrastra se pierda y salga ganando la Justicia de este país.