Comisiones Obreras ha valorado negativamente la modificación del criterio para la devolución del IRPF a mutualistas, implementado en enero de 2024 tras negociaciones con el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y Seguridad Social. Esta medida afecta a cientos de miles de pensionistas que reclamaban devoluciones por cotizaciones realizadas a antiguas mutualidades.
En enero de 2024, la Agencia Tributaria, en respuesta a sentencias judiciales, reconoció el derecho de los pensionistas a reducir un porcentaje de su base imponible del IRPF. Esta reducción abarcaba cotizaciones de 1967 a 1978 (25%) y anteriores a 1967 (100%), aplicándose a las declaraciones de 2023 y posteriores. Además, se habilitó un formulario web en marzo de 2024 para solicitar la rectificación de declaraciones de IRPF de los ejercicios 2019-2022 y agilizar devoluciones. Miles de afectados aprovecharon este procedimiento. Algunos ya recibieron las cantidades reclamadas, otros están pendientes de cobro, y muchos esperan respuesta. Sin embargo, la disposición final décimo sexta de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, modificó drásticamente esta situación.
Dicha disposición anula las solicitudes no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, elimina el formulario habilitado y obliga a presentar reclamaciones año a año entre 2025 y 2028, limitando cada solicitud a un ejercicio fiscal. Aunque interrumpe el plazo de prescripción, este nuevo procedimiento prolonga y complica el proceso para los afectados.
Charo Zan, secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO Palencia, criticó esta medida señalando que «el cambio no contó con participación ni consulta alguna y no ha sido justificado por la Agencia Tributaria ni el Gobierno». Además, denunció que la medida «crea un agravio comparativo, generando desigualdad entre pensionistas». Comisiones Obreras exige al Ministerio de Hacienda «fórmulas para corregir esta situación en el menor plazo posible, evitando consecuencias lesivas». Subraya la necesidad de garantizar igualdad de trato y evitar diferencias entre personas con la misma situación.
El sindicato denuncia que la nueva normativa incrementa la carga burocrática para un colectivo vulnerable, obligándoles a prolongar sus reclamaciones durante años. Este procedimiento, afirman, es especialmente perjudicial para pensionistas que enfrentan dificultades cotidianas. Además, subrayan que el diseño inicial permitía una gestión más ágil, beneficiando a pensionistas y Administración.
Por ello, Comisiones Obreras insta a las autoridades a reconsiderar esta normativa y restaurar un sistema que permita devoluciones conjuntas, evitando procesos fragmentados que generan desigualdad y desánimo. Consideran que estas decisiones afectan tanto la economía de los pensionistas como la confianza en la gestión pública y en el respeto a los derechos reconocidos.