Debe dimitir. O rectificar de manera dramática. No lo hará, claro, y la institución a la que representa, la Fiscalía General del Estado, sufrirá un nuevo golpe en su ya hace tiempo mellado prestigio. Creo que Alvaro García Ortiz debe dejar el cargo -no creo que puedan despedirle- no porque una mayoría de los fiscales del Supremo contradiga su tesis de que en el Tsunami catalán no hubo terrorismo: conozco a muchos juristas y periodistas -me incluyo- que tienen serias dudas acerca de la instrucción del magistrado García Castellón achacando terrorismo a lo actuado en el 'procés', comenzando por lo que hizo o no hizo Puigdemont. Pienso que García Ortiz, que representa la pureza del Estado en sus actuaciones ante la Justicia, debe dejar el cargo por haber mentido.
Me dirá usted: aquí la mentira política está a la orden del día. Si todo el que ha sido pillado en flagrantes contradicciones o en inveracidades sin cuento hubiese de dimitir, nos quedaríamos sin medio Gobierno y sin una tercera parte de las oposiciones, sin algún que otro juez y sin más de un opinador/informador. Pero una cosa es, como Pedro Sánchez dice, quedándose algo cínicamente en su paz, cambiar de opinión según soplen los vientos y otra que te pillen en flagrante mentira, como decir que un fiscal, Álvaro Redondo, no había elaborado un informe favorable a la existencia de terrorismo en el Tsunami que sí había elaborado (está en las portadas de varios periódicos) porque eso no convenía a los intereses el Gobierno. Luego, tras una conversación, que imagino, con García Ortiz, Redondo cambió su tesis y donde dije digo dijo Diego. Estar a la contra en las cosas de comer siempre acarrea riesgos.
El Fiscal General del Estado no puede tolerar el absoluto desmadre que, a cuenta del Tsunami y el terrorismo (entre otras cuestiones) se ha instalado en la Fiscalía, donde la teniente fiscal, María Angeles Sánchez Conde, tendrá ahora que dictaminar quién tiene la razón: si una abrumadora mayoría de fiscales del Supremo, que, once contra cuatro, aprecian, prudentemente eso sí, terrorismo en lo actuado por Puigdemont y su camarilla, o su jefe y la minoría que no ven el terrorismo por ninguna parte, aunque sí, seguramente, desórdenes públicos agravados. Una figura que, y esto lo digo yo, aunque no sea terrorismo, de ninguna manera podría quedar amnistiada, como pretende hacer la proposición de Ley Orgánica del Gobierno. Si se amnistían la provocación, la desobediencia y el enfrentamiento contra las fuerzas del orden, ¿no se crea un precedente peligrosísimo para el orden público?
A ver qué nos dice la teniente fiscal. Menuda encrucijada. Si apoya a la minoría, preveo una rebelión en toda regla en los miembros de la carrera, ya bastante alterados. Si se inclina por la mayoría, y por tanto contra el fiscal general ¿no estaría este obligado a dejar el cargo, vista su absoluta parcialidad favorable a un Gobierno jurídicamente cada día en más apuros?
Todo empezó, claro, cuando, allá por 2020, desoyendo toda crítica y reparo, el flamante Gobierno de Pedro Sánchez nombró a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, cargo en el que la sustituyó, tras no poco escándalo y escándalos, García Ortiz. Ni la una ni el otro son los primeros fiscales generales contestados por la oposición, muchas veces con razón. Pero este 'affaire', que se une a las críticas a la presidencia del Tribunal Constitucional, a las amenazas del presidente del Supremo de marcharse si no se renueva ya mismo el Gobierno de los jueces, a los ataques a veces calumniosos contra determinados jueces, al descontento en todos los estamentos togados y en los letrados del Congreso, supera ya los límites de lo tolerable.
Sánchez sabe que no puede permanecer en el poder apoyado por Junts a toda costa: está tirando demasiado de la cuerda. De momento, las encuestas muestran un distanciamiento creciente de los propios votantes socialistas respecto de estas políticas gubernamentales: un 54 por ciento de estos votantes cree que está cediendo demasiado ante Junts, y un 47 por ciento está en desacuerdo con la ley de amnistía, según un sondeo de Metroscopia que ha caído en mis manos. Eso, por no hablar de que un 85 por ciento de quienes afirman votar al PSOE piensa que Junts no es un socio fiable para el Gobierno.
Y ahora uno de los nudos más débiles de una tan delicada coyuntura es la Fiscalía General. García Ortiz haría un favor a este Gobierno, quizá el último, dejando el cargo. Usted y yo sabemos que no lo hará y así el espectáculo sigue.