Nadie a estas alturas duda de que en tiempos de pandemia hubo protocolos, adjudicaciones, decisiones y normativas que sobrepasaron límites, leyes y, como, no ética. Las Cortes Generales, en sus dos cámaras, andan enfrascadas en comisiones de investigación para averiguar qué ocurrió con los contratos de emergencia durante el Covid-19. Este afán por averiguar las adjudicaciones de los contratos de las administraciones responde, como casi todas las iniciativas de este tipo, a un interés y a una estrategia política para aflorar argumentarios, exponer públicamente al rival político y poco más.
El caso Koldo ha destapado las maniobras por las que personal influyente de los ministerios, de empresas y asesores manejaban a su antojo. Unas prácticas, el de las comisiones desorbitadas por la compra masiva de mascarillas, que evidenciaron la ausencia de reglas en tiempo de crisis sanitaria. La emergencia, en los tres primeros meses, llevó a auténticos pelotazos para empresas que suministraban mascarillas a las administraciones a precios elevados.
Pero los partidos convocantes de estas comisiones más allá de conocer la verdad y radiografiar los entresijos, las relaciones personales, las comisiones ilegales, las presiones y, lo más importante, el fraude de todo tipo material sanitario en los meses más duros de la pandemia, es aprovechar el foco mediático para en estos días de campaña electoral permanente incidir en los mensajes polarizados de ambas cámaras legislativas. Los precedentes de comisiones de investigación anteriores así avalan la teoría del ventilador en la que importan poco las conclusiones, pero sí las exposiciones de los intervinientes y, sobre todo, las acusaciones.
En la del Congreso, llama la atención que el PSOE cite, entre los comparecientes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid donde, al mismo tiempo, se exige que se inicie otra comisión por las muertes en las residencias de mayores durante 2020. El PP, en cambio, centra su estrategia en llamar a la mujer del presidente del Gobierno. Bajo la premisa de sospechas y pocos indicios, estas comisiones no ayudan a sanear la vida política española. Al contrario. Todo se envuelve en una nebulosa difamatoria que no hace sino acrecentar mensajes de los hooligans y descartar asuntos y problemas reales de los ciudadanos.
Resulta llamativo, a su vez, que este tipo de iniciativas parlamentarias se convoquen en plenas investigaciones judiciales por dilucidar hasta dónde llegan las tramas de corrupción. Harían, por el contrario, levantar acta de cómo el Gobierno y las comunidades autónomas, por tener la mayor parte de las competencias, gestionaron en tiempos de estrés la mayor crisis sanitaria. No solo a nivel administrativo, sino cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones de tipo sanitario. Más allá de una comisión sobre la gestión de las vacunas, poco o nada se ha hablado del periodo con más muertes en España de las últimas décadas.