La declaración ayer ante el Tribunal Supremo de Víctor de Aldama, el comisionista de la trama vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, volvió a servir para denunciar la existencia de una trama corrupta relacionada con la adjudicación de obras públicas, uno de los métodos que tradicionalmente han utilizado los partidos políticos en España para financiarse ilegalmente. En este caso, el declarante ha calculado en aproximadamente cuatro millones de euros las comisiones obtenidas mediante este sistema, parte de las cuales habrían ido a parar directamente al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García, y a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Como prueba, ha aportado algunos pantallazos que, en su opinión, demostrarían el amaño en las obras. 

Con todas las garantías judiciales que establece el estado de derecho, y sin olvidar la presunción de inocencia, hace tiempo que el PSOE debería dar argumentos más convincentes para defenderse de estas graves acusaciones. No estamos hablando ya solo de que algunos miembros del partido hayan aprovechado presuntamente su cargo para enriquecerse, sino que, al parecer, estas prácticas estaban perfectamente reguladas y, lo que sería mucho más preocupante, permitidas por el aparato. Cierto es que determinadas actitudes de Aldama, como la de acudir a la sede judicial 'escoltado' por el responsable de Desokupa no incrementan precisamente su credibilidad, pero ello no puede ser óbice para tomar en consideración una acusación tan grave como preocupante.

Mientras tanto, el PSOE, y más concretamente el entorno del presidente, sigue achacando toda la sucesión de investigaciones judiciales que le cercan a una hipotética persecución contra Pedro Sánchez: a una especie de contubernio en el que estarían representados tanto el PP como determinados jueces para intentar desbancar por procedimientos espurios a quien logró el cargo sometiéndose al escrutinio de las urnas. Lo dijo el propio Sánchez la semana pasada en la tradicional 'copa de Navidad', cuando acusó al PP de jugar «con las cartas marcadas» y lo repitió el domingo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. «Sabemos que van a por ti», exclamó en un acto rodeada de militantes. Esta defensa a ultranza del líder del Ejecutivo no puede pasar por alto, sin embargo, que incluso en el mejor de los supuestos, en el que las acusaciones no acaben sustanciándose, ya existieron errores de base: tanto por elegir a determinadas personas para puestos concretos como por no vigilar de forma conveniente sus actuaciones. No hay que olvidar que Sánchez nombró a Ábalos ministro de Transportes y que mucho tiempo fue su mano derecha.