El asesinato de dos niños de siete y 10 años esta semana presuntamente a manos de su padre en Barcelona para dañar a la madre ha sacado a la luz una de las violencias más terribles, la vicaria, aquella que instrumentaliza y maltrata a los menores hasta la muerte con el único objetivo de atacar a la progenitora a través de un dolor insoportable.
Tal es la pena que asume la mujer ante tal acto inhumano que los expertos aseguran que «no hay manera de causar mayor daño a una madre que asesinando a sus hijos»,
«Cuando en una relación de afectividad basada en el desequilibrio y en el ánimo de posesión, el dominador asesina a los hijos de su pareja, bien sean propios o ajenos, sabe que le está haciendo más daño que acabando con su propia vida», describe la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer.
En la misma línea se pronunció hace unos días la fiscal del caso del pequeño Jordi, asesinado en 2022 en Sueca (Valencia) por su padre, que afirmó que la madre «está muriendo cada día». Tal fue la crueldad del testimonio del asesino confeso en la primera sesión del juicio que este fue capaz de contar que su hijo «era lo que más quería» su exmujer y que no le habría matado si ella no se hubiese divorciado o si hubiese accedido a volver con él.
Como el caso de Jordi hay muchos más, hasta 50 en la última década. Una violencia que se ceba contra los pequeños con el único objetivo de dañar y controlar a las mujeres, en muchos casos cuando estas ya han dado el decisivo paso de separarse.
Hombres separados
Si se confirma la naturaleza vicaria del crimen de Barcelona, serán 52 los menores asesinados por sus padres o las parejas y exparejas de sus madres en España desde 2013.
Anna y Olivia en Canarias, Ruth y José en Andalucía, Nerea y Martina en la Comunidad Valenciana eran hermanos y fueron asesinados por su padre. En todos ellos el parricida estaba separado de la madre.
Las estadísticas no engañan y aseguran que en más de la mitad de los 50 casos, el agresor se suicidó tras perpetrar el crimen y siete de ellos lo intentaron.
Además, en una gran mayoría de los supuestos, hasta 45, el homicida era el padre del menor asesinado, mientras que en cinco era la pareja o expareja de la madre.
Uno de los datos más llamativos y que sigue siendo bastante generalizado en este tipo de violencia vicaria es que las víctimas no denuncian, tan solo en 14 del medio centenar de casos constaban acusaciones previas por maltrato contra el agresor, según se desprende de los datos de los que dispone la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Aunque este tipo de ataques no entiende de regiones ni de territorios, lo cierto es que hay unas comunidades, debido a su alta población, donde esta clase de daños se producen con una mayor frecuencia. Es el caso de Madrid y Andalucía, donde la violencia vicaria ha golpeado desde 2013 en 10 y ocho ocasiones, respectivamente. Por detrás se sitúa la Comunidad Valenciana, con siete asesinatos; canarias, con seis; Castilla-La Mancha, con cuatro; Galicia, con tres; Asturias, con dos; y Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Región de Murcia con un caso cada una.
La cifra de Cataluña se elevaría también a siete, como Valencia, si se incluyese en la estadística el último suceso de Barcelona, aún en investigación.
En riesgo
Pero no todo está perdido en la lucha contra la violencia vicaria a pesar de la escasez de denuncias y de que se trata de un tipo de agresión en muchos casos oculto. Así, el Ministerio del Interior cuenta entre sus protocolos desde 2019 con una evaluación del riesgo al que están expuestos los menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género. Según esa lista, el pasado diciembre había 1.448 niños en peligro de ser directamente agredidos por las parejas o exparejas de sus madres: cuatro en riesgo extremo (con grave riesgo para su vida); 153, alto y 1.291, medio.
Cada vez que Interior detecta una situación de alarma, alerta a los tribunales y a la Fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección a los pequeños.
La violencia vicaria se integró en la ley contra la violencia de género en 2021 y la norma se volvió a modificar en 2022 para reconocer como víctimas directas a las madres de menores asesinadas en crímenes vicarios, que hasta ese momento no tenían derecho a las ayudas.
Las autoridades siguen insistiendo en la idea de concienciar no solo a las posibles víctimas sino también a los entornos familiares y de amigos a que denuncien cualquier tipo de actitud violenta hacia los menores o hacia la mujer a través de los distintos canales existentes -teléfonos 016 y 112, Fundación ANAR, Policía y Guardia Civil-, ya que solo así la sociedad en su conjunto podrá reducir y atenuar uno de los daños más terribles que se puede cometer a una persona.