La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compraventa de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia.

Obviando la incuestionable subida de los gastos de producción para el viticultor y la reducción de cosecha prevista, los precios de la uva ofertados se sitúan claramente por debajo de los costes, incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria. Dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022.

Con estas cotizaciones, según los cálculos realizados por COAG, un viticultor tipo perdería de media en torno a los 900 euros por hectárea en el caso de uva blanca airén y 1.200€ en tempranillo. Los costes de producción se elevan a 0,43 euros por kilo en el primer caso y a 0,52 para la tinta, muy por encima de los precios presentados (0,20 y 0,36 respectivamente).

«Es intolerable que las grandes bodegas se salten a la torera la ley y obliguen a los agricultores a vendimiar a pérdidas. No vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Sacar adelante uvas de calidad no se puede hacer a cualquier precio», ha subrayado el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno.

Como ejemplo cabe destacar que la semana pasada «una gran bodega de Rioja presentó contratos a sus proveedores para que acepten precios de 0,54 euros por kilo para las tintas y 0,60 para las blancas. Si la propia Consejería de Agricultura fija costes de producción medios para 2022 en 0,70, una rebaja del 23% es absolutamente imposible que cubra dichos costes».