Seis de cada diez divorcios del último lustro son consensuados

César Ceinos
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Muchas parejas se decantan por esta fórmula porque evita conflictos en los juzgados y es más económica para las partes

La alianza, símbolo del matrimonio, pierde todo significado tras un divorcio. - Foto: Solete Casado

Acuerdo para casarse (el Código Civil exige consentimiento para contraer matrimonio), pero también para romper esta unión y marchar cada uno por su lado. La mayoría de los palentinos se decanta actualmente por consensuar la ruptura de los lazos conyugales frente a otras fórmulas. Así lo demuestran las estadísticas de nulidades, separaciones y divorcios de los últimos cinco años que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su página web. Los jueces de los tres partidos provinciales (Palencia,Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes) recibieron 1.282 demandas de disolución matrimonial entre 2019 y 2023. La inmensa mayoría, 1.229 (el 95,9% del total), fueron divorcios, que se dividen entre los consensuados, 754, y los no consensuados, 475. En términos relativos, los primeros equivalen al 61,4% y los segundos, al 38,6%.

Por años, en 2019 se presentaron 299 peticiones de divorcio (184 acordadas previamente por las partes y 115, no); en 2020 fueron  241 (149 con el visto bueno de ambos casos y 92, no); en 2021 hubo  221 (145 consensuadas y 76 no); en 2022 se registraron 223 (137 pactadas por los cónyuges y 86, no) y, por último, en 2023 se notificaron 245 (139 de mutuo acuerdo y 106 sin él). La fórmula del pacto previo antes de acudir a un juzgado responde, según explica el abogado José Manuel Ortega Arto, especializado en estos temas, a varias causas tanto económicas como sentimentales.

«Pienso que se consensuan muchos divorcios porque es mejor que el conflicto lo solucionen los interesados que cualquier tipo de decisión judicial.En definitiva, las partes conocen la situación y pueden contribuir a adoptar las medidas necesarias para ponerle fin», explica Ortega a este periódico. Por otro lado, declara que un divorcio amistoso evita «la contienda» en los juzgados entre las partes y es más económico. Además, detalla que cada vez es más habitual una mediación para que no sea el juez el que tome la decisión final. «En los últimos años los abogados de las partes intentan intermediar y consensuar medidas entre sus clientes. Se está imponiendo cada vez con más frecuencia», declara.

En cambio, admite que los acuerdos en los divorcios son más complicados si la pareja tiene hijos a su cargo. «La dificultad se incrementa mucho si hay menores y ambos padres luchan por su custodia. Pero, en este caso, en los últimos años «se está imponiendo, cada vez con más frecuencia, la custodia compartida, es decir, un reparto equitativo entre los padres que quizá evita la mitad del conflicto». «Hace años era algo más extraña, pero cada vez se impone más entre los progenitores», manifiesta el abogado antes de explicar que los equipos sociales que informan sobre qué es mejor para el niño en el conflicto entre sus padres también se están decantando más por esta fórmula. «Los técnicos aconsejan cada vez más la custodia compartida», recalca.

A la hora de citar las causas principales por las que un matrimonio decide poner punto final a su relación, Ortega Arto recuerda que ya no existe «esa especie de culpabilidad» que exigía la Ley del Divorcio en 1981 tras ser reformada en 2005, por lo que existe actualmente una larga lista de circunstancias que alegan uno o ambos cónyuges para divorciarse, entre las que figuran el transcurso del tiempo, la economía y las cuestiones personales. «Cada pareja es un mundo, pero sí que observamos que la relación acaba antes que hace años.Es más volátil y caduca antes», comenta el abogado.

SEPARACIONES. La citada modificación de la ley también eliminó la obligación (salvo excepciones) de que las parejas estuvieran separadas antes de solicitar el divorcio, lo que provocó que esta forma de ruptura perdiera mucho interés entre la población. Ortega piensa que los matrimonios optan directamente por el divorcio porque, de esta manera, se evitan un paso judicial. «La separación como tal no rompe el matrimonio.Puede ocurrir que ambas partes se reconcilien y queda sin efecto la sentencia de separación. Pero cuando los interesados creen que esa crisis no tiene visos de arreglo se divorcian y no pasan por dos procedimientos con igual erosión sentimental y afectiva con molestias», añade.

Los datos así lo confirman. Únicamente 52 parejas (el 4,1% del total) optaron por esta fórmula en los últimos cinco años. 39 lo hicieron por la vía del consenso, mientras que los 13 restantes se presentaron sin acuerdo en el juzgado. En 2004 (el año anterior a la reforma, conocida como el divorcio express), en Palencia se registraron 131 divorcios y 221 separaciones, según las cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2006, los datos dieron la vuelta y se firmaron 298 divorcios y únicamente 57 separaciones.

JUZGADO ESPECIALIZADO. En relación con esta materia, Ortega opina que «sería positivo» que se estableciera un juzgado especializado de Familia en Palencia, que no lo hay en la actualidad. «Todos los Juzgados de Primera Instancia palentinos pueden sustanciar procedimiento de separación y divorcio. Sería bueno, como hay enValladolid, Burgos y otras ciudades, que se estableciera un juez especializado y una Fiscalía especializada», subraya. 

Cabe recordar que se trata de una demanda que ya hizo el juez decano, Jorge Martínez Moreno, a la Administración de Justicia. «Si se tiene en cuenta, como criterio orientativo, el módulo de entrada que se fijó por el CGPJ  en el acuerdo aprobado definitivamente por el Pleno celebrado el 20 de septiembre de 2013 para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en general se comprueba que todos los Juzgados mixtos de Palencia superan ampliamente tal módulo civil, situación que podría corregirse con la creación del Juzgado número ocho y, en su caso, la posible separación de jurisdicciones e incluso, la especialización de un Juzgado en materia de familia», explicó en la Memoria de 2023 que envió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).