La mayoría de los españoles intentarán pasar buen verano, dejando atrás un curso en el que los ciudadanos han intentado mejorar su situación personal y profesional, en su convivencia diaria, la mayoría de las veces bastante ajenos a las soflamas, acciones u omisiones de los que nos representan en las instituciones, sobre todo el que tiene la sartén por el mango en este país, es decir, el forzado y convulso Gobierno de España, que ha perdido un año diciéndonos cómo tenemos que vivir o pensar, en vez de gestionar de forma eficiente y efectiva nuestros servicios públicos, que es su obligación constitucional.
Llevamos un año desde que el presidente Sánchez -que aún no ha ganado unas elecciones- convocó comicios generales y después formó un Gobierno forzando una mayoría «progresista», en la que contó -y cuenta aún- con el apoyo de partidos que presumen de no acatar la Constitución, entre ellos los independentistas del partido de  Puigdemont, que está más cerca de postulados de ultraderecha que del mal llamado 'progresismo', pero que al Partido Socialista de Sánchez le vienen bien sus siete diputados para mantenerse en el poder; eso sí, a costa de aprobar una amnistía reprobable, «en aras de la convivencia y la vuelta a la normalidad en Cataluña», cuando sus socios no paran de reafirmarse en lo de siempre: independencia y, de paso, intentar conseguir la condonación de deuda pública generada por ellos o de querer recaudar directamente los impuestos para seguir malgastando el dinero público…
En este año de legislatura fallida, el Gobierno ha renunciado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año, fundamentales, por ejemplo, para incrementar las partidas de educación, servicios sociales y sanidad, o para incentivar la creación de empresas, de empleo y autoempleo; presupuestos que permitirían -si así el Gobierno lo considerase- modificar leyes y normativas que eviten que pequeños negocios  -de pequeñas y medianas empresas y autónomos, motor de la economía, que generan más del 70% del empleo en España- relacionados con la hostelería, la construcción o la agricultura, no encuentren trabajadores para contratar, a pesar de que España cuenta con más de 2,5 millones de personas en paro. 
¿Cómo se explica oficialmente esto? ¿Qué tienen que decir los representantes del diálogo social, sobre todo el Gobierno y los sindicatos, afines entre ellos, que ahora están empeñados con urgencia en rebajar la jornada laboral, algo que tendrán que consensuar, sí o sí, con las empresas o empleadores, sobre todo los pequeños y autónomos, ya bastante asfixiados por acciones gubernamentales como la excesiva burocracia o la abusiva subida de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que les provoca una bajada de la productividad en sus negocios, que en muchos casos tienen que cerrar.
Sin Pymes ni autónomos no hay empleo, y si en este momento más del 40% de las empresas de hostelería, construcción o agricultura no encuentran trabajadores, el Gobierno tendrá que tomar la iniciativa para buscar una solución consensuada y urgente, además de tomar medidas para incentivar el emprendimiento y el empleo, con mejores condiciones laborales para los trabajadores, pero sin cargarse la productividad de las pequeñas empresas y autónomos.
Con estas situaciones, no resueltas por el Gobierno, bloqueado día a día por su exigua y condicionada mayoría parlamentaria, además al presidente Sánchez le surgen informaciones, denuncias e investigaciones judiciales contra supuestas irregularidades de su entorno familiar, sin olvidar el 'caso Koldo', que afecta a varias instituciones. Y en vez de dar explicaciones públicas de estos hechos o tomar la iniciativa para solucionarlos, Sánchez despliega ante la sociedad una atmósfera plebiscitaria y coactiva contra la prensa y los jueces -sin rubor-, a los que les quiere restringir su libertad constitucional, para protegerse él y a su esposa por comportamientos ética y estéticamente reprobables en política; judicialmente, ya se verá. Utilizar las instituciones para tapar temas personales, en vez de dar explicaciones, sería motivo de dimisión en otros países democráticos. Sánchez y su Gobierno tienen la obsesión de enfrentarse a los que no son de su cuerda, además con actitudes autocráticas; en vez de promover pactos mayoritarios, estables y gobernar para la mayoría de los españoles, se justifican cada día para seguir en el poder, apoyándose en partidos radicales, con actuaciones que generan inquietud y desigualdades en la sociedad.
Mientras tanto, no dejemos que nadie nos estropee el verano, ni siquiera el Gobierno.