«Nunca siete votos habían costado tan caro para los españoles y para las personas de Castilla y León». El frontal rechazo manifestado durante las últimas jornadas por el Gobierno autonómico contra la Ley de Amnistía y la condonación de la deuda cristalizó en indignación desde la sala de máquinas de la Junta de Castilla y León tras conocerse la letra pequeña del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Una postura de oposición absoluta al pacto que no es nueva y llega después de dos tensas jornadas en las Cortes y un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el sábado en el que se acordó llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía acordada con los independentistas. «El pacto atenta gravemente contra España, contra la base de nuestra convivencia, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y nuestra Constitución», alertó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una declaración institucional con la que quiso fijar la postura autonómica tras conocerse los entresijos del pacto entre PSOE y Junts, que aseguró pone «en juego» la libertad, la igualdad, la solidaridad y la propia nación española.

La libertad, la igualdad y la solidaridad están en juego. La propia Nación Española está en juego"

El mandatario regional aprovechó esta intervención para denunciar que «Sánchez paga su investidura a costa de todos, intentado pisotear la dignidad de los españoles y nuestra esencia como nación y como sociedad». Ante esto planteó dos opciones: «O se está con Sánchez y los separatistas en la amnistía, los privilegios y la ruptura de la unidad de España. O se está con el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución». Fernández Mañueco, que antes había tachado de «infame» el acuerdo en su cuenta de 'X', anunció que la Junta utilizará «todos los medios judiciales, constitucionales y europeos» para «defender» la Constitución, e hizo un llamamiento para estar «más unidos que nunca». «Quiero decir a todas las personas que estáis preocupadas por esta infamia, con claridad y de manera rotunda, que no estáis solas. Desde el Gobierno de Castilla y León estamos con vosotras».

«Pedro Sánchez ha pagado un precio demasiado alto para mantenerse atornillado al sillón de La Moncloa», significó en la publicación en su cuenta de 'X', donde lamentó que la «desigualdad y la impunidad» son los «cimientos» sobre los que se levanta un acuerdo «infame y vergonzoso». «La libertad, la igualdad y la solidaridad están en juego. La propia Nación Española está en juego»

El pacto atenta gravemente contra España, contra la base de nuestra convivencia, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y nuestra Constitución"

También en su cuenta personal de 'X', García-Gallardo firmó un post en el que se podía leer: «Es el momento de poner los principios por delante de la comodidad personal. Es nuestra tierra y hay que defenderla». Por su parte, el portavoz Fernández Carriedo se despachó contra un acuerdo «impropio de partidos constitucionalistas». «Es un mal día para España y para Castilla y León, y un buen día para Puigdemont y para Sánchez», lamentó, al tiempo que aseguró que se conoce ya lo que han conseguido los «separatistas», para, a renglón seguido, preguntarse «¿Qué han conseguido las personas de Castilla y León?».

Temor al impacto del acuerdo en la nueva financiación autonómica

El impacto de los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas de Cataluña mantiene en vilo al Gobierno autonómico, que recela del severo impacto que tendrá en las arcas de Castilla y León. El portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, volvió a criticar unos pactos en los que se habla de financiación autonómica sin contar con el resto de comunidades. «Yo desde aquí llamo a la igualdad y a que todos los españoles reciban el mismo trato vivan donde vivan, para nosotros es básico que las personas paguen impuestos en función de su capacidad contributiva y reciban servicios públicos en función de sus necesidades», señaló el portavoz regional tras conocerse que la letra pequeña incorpora la cesión del 100% de los impuestos cedidos a la Generalitat.

Nos gustaría que algún día se tuviera en cuenta las decisiones de los demás, partiendo de cero en condiciones de igualdad"

«Es profundamente injusto e insolidario», dijo, y lamentó que esta decisión «rompe con el principio básico». Por ello no dudó en volver a exigir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Nos gustaría que algún día se tuviera en cuenta las decisiones de los demás, partiendo de cero en condiciones de igualdad». Por último alertó que «los firmantes de este acuerdo tendrían capacidad por sí sólo» para modificar el modelo de financiación autonómica a su antojo «por tener la mayoría en el CPFF para imponer su criterio a las 16 comunidades», ya que el Gobierno tiene el 50% del peso de los votos en el Consejo, por lo que con el apoyo de una única autonomía «sería suficiente».