Hoy comienzan las sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados en uno de los ambientes políticos y sociales más enrarecido que se recuerda, de manera que resultará complicado mantener la mesura y un tono sereno en las intervenciones.
Llega además este momento crucial, perseguido por Pedro Sánchez desde que fracasara el intento de acceder a la Presidencia del ganador de las elecciones del 23-J, Alberto Núñez Feijóo, y lo hace, esta vez, con mayoría absoluta. Se ha blindado el socialista la reelección con 179 apoyos, tras ceder a las exigencias de los independentistas catalanes de ERC y Junts y de los vascos de Bildu y el PNV. Eso sí, el valor numérico de los votos tendrá enfrente la oposición férrea de PP, que ayer hizo valer su mayoría en el Senado y aprobó la reforma del Reglamento de la Cámara Alta para dilatar la amnistía, y de Vox, que se ha querellado contra Sánchez, Puigdemont, el PSOE y Junts y ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la investidura.
Esto va mucho más allá de un enfrentamiento político y de unas diferencias ideológicas. Refleja una España en la que se ha abierto paso la división y en la que la polarización se traduce, a diario, no solo en manifestaciones y concentraciones masivas y pacíficas, como las celebradas el domingo en las plazas de todas las capitales de provincia, sino también en otras radicalizadas en Ferraz y en otras sedes socialistas.
Empresarios, jueces y fiscales, amén de numerosos expertos en derecho constitucional, se muestran decididamente en contra de la ley de amnistía que posibilitará la investidura de Sánchez. El Gobierno en funciones ha remitido a la UE el texto normativo para su examen, mientras voces en su contra se dejan oír en el seno de Europa, caso de jueces que piden a Bruselas intervenir para frenar la amnistía y políticos conservadores que alertan del posible deterioro de la democracia española y el acercamiento a países como Polonia y Hungría, al no respetar escrupulosamente la separación de poderes y poner en manos del Ejecutivo la capacidad de cuestionar las decisiones judiciales.
Por si lo dicho no bastara, Sánchez escuchará hoy y mañana calificativos poco o nada amables, incluso por parte de su socio Sumar, que ha criticado que presentara ayer la ley en el Congreso sin consultar antes. A nadie le gusta ser un cero a la izquierda, y menos cuando parece que los independentistas lo consiguen todo y los más próximos al Gobierno son relegados a un segundo o tercer plano. Y como parece que la libertad de expresión 'incomoda' en situaciones límite como esta, el ministro del Interior en funciones suspende de empleo a un guardia civil que criticó la amnistía en un periódico y a otros dos que prometieron defender con su sangre la Constitución. Esta será la palabra que más se repita, aunque al final se imponga la fuerza del número.