Vivimos una época de borrachera legislativa. Nunca en la historia se ha legislado ni se han aprobado tantas normas como ahora. La batería de instrumentos es inagotable: leyes, reales decretos-ley, reales decretos legislativos, textos refundidos, reales decretos a secas, órdenes ministeriales, decretos-ley autonómicos, decretos legislativos autonómicos, decretos a secas, ordenanzas, bandos municipales… y así, un largo etcétera. Por ponerlo en números, en el año 2023 se aprobaron un total de 683 normas a nivel estatal y 850 normas a nivel autonómico, alcanzando los boletines oficiales del Estado y de las CCAA las 1.275.465 páginas de normativa, de acuerdo con el  Informe de Producción Normativa en 2023 de la CEOE.
Da la impresión de que los poderes legislativo y ejecutivo piensan que, con aprobar leyes y normas llenas de buenas intenciones, los problemas de los ciudadanos se solucionarán por arte de magia. Sin embargo, resulta que las cosas ni por asomo son así. 
Demasiadas veces olvidamos que el Derecho, las leyes, son simplemente un instrumento más de la política. Aprobar leyes y después no poner medios materiales para su cumplimiento es tanto como no aprobar nada. Ejemplos de ello se cuentan por decenas en nuestro día a día: ¿de qué sirvió la reforma de 2018 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los okupas pudieran ser desalojados de una vivienda en cuestión de días si no existe ningún Juzgado que materialmente pueda acordar esa medida en dicho plazo? 
¿De qué sirve que la Ley diga que los ciudadanos tienen derecho a una sanidad universal y de calidad si luego las listas de espera siguen siendo terroríficas? ¿O qué importa, por ejemplo, que la Constitución proclame el derecho a una vivienda digna y adecuada si luego no se invierte en un parque público de vivienda? La respuesta es clara: no sirve de nada. Y esto no lo digo yo, ya los filósofos del Derecho del siglo XX, como Hans Kelsen (probablemente el jurista más importante de toda la Historia contemporánea) lo dijeron: sólo son Derecho aquellas normas cuyo incumplimiento supondrá una sanción para el sujeto infractor. En otras palabras, si no hay consecuencias por incumplir, se va a seguir incumpliendo porque sale más barato incumplir que cumplir.
En definitiva, con este artículo quisiera hacer una llamada a la reflexión sobre la verdadera necesidad de seguir aprobando normas y normas si luego se van a quedar en papel mojado. Hacer política no es sólo publicar normas en el BOE y transponer Directivas. También es política poner los medios para que eso que las normas dicen que tiene que ser, sea. Mientras tanto, los abogados seguiremos leyendo diariamente las páginas del BOE y explicando a nuestros clientes que mucho de lo que ellas dicen no es más que un brindis al sol.