Ayer estaba prevista una reunión negociadora entre el PP y el PSOE para la reforma legislativa de la acogida de menores migrantes en todo el territorio nacional. Sin embargo, el pasado sábado los populares anunciaban la cancelación de las negociaciones con el Gobierno argumentando que «España ha renunciado a pedir apoyo a la UE», algo desmentido desde Moncloa. Más allá del intercambio de los reproches políticos habituales, la propuesta planteada desde el Ministerio de Juventud e Infancia pasaba por unos nuevos umbrales de saturación del sistema de acogida de menores migrantes en base a la población de cada comunidad. Se iba a hacer, según el Gobierno, sin discriminar entre extranjeros y nacionales con el fin de evitar la creación de guetos de niños y adolescentes, y con la promesa firme de que por encima de esos umbrales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haría cargo de la financiación.
La propuesta, conocida a través de los medios -otro motivo de queja por parte del PP-, era manifiestamente mejor que la que tumbó el Congreso el pasado julio y que proponía convertir en obligatorio el reparto de los menores no acompañados cuando una comunidad autónoma tuviese su sistema de acogida saturado al 150% de su capacidad. En esta ocasión, encima de la mesa había un criterio objetivo que, al menos sobre el papel, saca de la ecuación la lucha entre comunidades autónomas y propone crear 4.437 plazas de acogida en nuevos centros o con la transformación de aquellos recursos habilitados de forma excepcional por la emergencia migratoria.
Tiene razón el Partido Popular en que la nueva propuesta del Gobierno es cortoplacista, que no ahonda en el verdadero quid de la cuestión, que no es otro que la reforma de la política migratoria, pero no es menos cierto que la situación que atraviesa Canarias exige medidas urgentes y solidarias. Conviene recordar que el Gobierno canario tutela en estos momentos cerca de 6.000 menores migrantes y que este sábado, sin ir más lejos en el tiempo, arribaron a Tenerife y Gran Canaria 103 personas más de origen magrebí y subsahariano, entre ellas seis menores y tres mujeres.
Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular deben caminar hacia un acuerdo de Estado para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, un ejercicio de voluntad política como primer paso para construir en Europa una alianza que compatibilice un trato humanitario con la defensa de la legalidad. La propuesta que se debió seguir debatiendo ayer, aunque mejorable, hubiera sido un primer paso pero parece que los principales partidos sólo están interesados en caminar en direcciones opuestas.