El Estado dispone de una vivienda social por cada 717 familias

Pablo Torres
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha movilizado 55 inmuebles desde 2018, de los que 50 se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Imagen de archivo de unas viviendas en la capital palentina. - Foto: Eva Garrido

Bajo la pretensión de facilitar el acceso a la vivienda y ampliar el parque público inmobiliario, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) tiene marcado el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía más de 184.000 inmuebles en régimen de alquiler social o a precios asequibles a lo largo de todo el territorio nacional, una meta enmarcada dentro del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA) impulsado por el Estado. 

En este sentido, ya se han movilizado, entre las firmadas y las que se encuentran en desarrollo, 80.745 viviendas de este tipo, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio. Del total, 59.879 pertenecen al Mivau, a las que se suman las 11.000 movilizadas por la Sareb y las 9.866 del Fondo Social, siempre tomando como referencia los últimos datos publicados por el Estado. 

En el caso de Palencia, el Ejecutivo pone a disposición de los palentinos un total de 55 inmuebles en régimen de alquiler asequible. Esto equivale, de media, a una vivienda de este tipo por cada 717 familias, si estas se contabilizan por grupos familiares de cuatro personas.

Más en detalle, estas moradas se distribuyen de la siguiente manera: cuatro se pusieron en marcha en el marco del Plan estatal de vivienda 2018-2021; una dentro del Plan estatal de vivienda 2022-2025; y las 50 restantes en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

De acuerdo con el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), esta cifra es todavía «insuficiente». «Durante muchos años, se ha apostado en España por la vivienda privada, mientras que en Europa se ha hecho lo propio con la de protección. Ahora, nos encontramos con que después de aplicar políticas nulas, el parque de viviendas sociales es mínimo», apunta la secretaria provincial del sindicato, Elena Villamediana. «Los precios de la vivienda se llevan en la actualidad un porcentaje altísimo de los salarios. Hay que insistir en la necesidad de seguir haciendo políticas que permitan ampliar el parque público», añade. 

LA REGIÓN. En el conjunto de la región, el Ministerio ya ha movilizado 1.574 viviendas de alquiler asequible enmarcadas en los diferentes planes. Por provincias, la mayoría se concentran en Valladolid, donde estas construcciones alcanzan las 525. Le siguen Burgos, con 342; Salamanca, con 237; León, con 128; Segovia, con 100; Palencia y Soria, con 55, respectivamente; y Zamora y Ávila, con 40 en cada una. 

A todas ellas se suman 52 derivadas de actuaciones conjuntas en diferentes provincias, las cuales se enmarcan en los dos planes estatales de vivienda desarrollados desde 2018. 

Cabe resaltar que, como especifica el propio Mivau, en los datos referidos a los inmuebles por comunidades autónomas se contabilizan aquellas enmarcadas en los planes de vivienda, excluyendo a las que derivan de convenios con entidades locales. 

«Si bien las políticas del Gobierno van en buena dirección, no son del todo suficientes», lamenta la secretaria, quien defiende a su vez las propuestas vertidas desde el sindicato para paliar una situación derivada de un «problema estructural». «Queremos apostar por la adquisición de vivienda ya construidas, y que no solo sean de nueva construcción. Todo ello, con el coste asumido por la administración», explica. 

Por parte de UGT, consideran «siempre buena noticia que se movilicen viviendas para el alquiler social». «Es algo que nuestro sindicato considera necesario para la sociedad palentina y que llevamos reivindicando desde hace tiempo. Nuestra posición es la de garantizar ayudas para el acceso a estas viviendas de alquiler social cuando se trate de personas vulnerables, dando prioridad a aquellos con un nivel de renta no superior a 3'5 Iprem, así como a los colectivos con prioridad de acceso a la vivienda protegida», detalló el secretario provincial de UGT, Gorka López. 

JUNTA. Cabe señalar que las políticas para facilitar el acceso a la vivienda no solo se llevan a cabo desde el Estado central. Un ejemplo de ello es el programa Rehabitare impulsado por la Junta de Castilla y León, el cual ha propiciado en los últimos 15 años la movilización de 74 viviendas de alquiler social. 

Desde que la iniciativa se pusiera en marcha en el año 2009, se han llevado a cabo 74 actuaciones en 49 localidades del medio rural, lo que ha permitido fomentar la atracción de habitantes que frenen la sangría poblacional de según qué zonas de la provincia. Todo ello se traduce en una inversión global que se aproxima a los cuatro millones de euros. 

Más allá de Rehabitare, la administración regional fomenta el acceso a la morada con actuaciones como la construcción de 50 viviendas públicas para alquiler joven en la capital, intervención cuyo importe asciende a los 6,6 millones de euros. En paralelo, el gobierno autonómico prevé actuaciones en varios municipios rurales.