En un movimiento inédito en España, jueces, fiscales, abogados del Estado, notarios, inspectores de Hacienda y Trabajo, y sus respectivos homólogos en el ámbito internacional, han emitido en los últimos días diversos comunicados para rechazar tajantemente la alusión al lawfare (guerra judicial), así como el control parlamentario de la acción judicial, en el pacto alcanzado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

En concreto, se refieren a la posibilidad, no reseñada en el texto de la ley aunque sí en el acuerdo final, de crear «comisiones de investigaciones parlamentarias para revisar las decisiones de los magistrados en busca de supuestos casos de persecución política», pudiendo derivarse «consecuencias» para los togados, que podrían ir desde penales a disciplinarias.

Por ello, estos colectivos expresan su «profunda preocupación» ante lo que consideran una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», destacan.

Para entender esta denuncia es importante saber qué significa ese concepto envenenado, el ya popular lawfare. Un término formado por law (ley) y warfare (guerra) que, según el diccionario Oxford, designa «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo».

Según la Fundación del Español Urgente (Fundeu), el término se emplea en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.

Y en el tablero político, designa «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

El lawfare es un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero cuyo uso se ha generalizado a lo largo de este hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial. Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales en los últimos años.

En otros países

Si se mira más allá de las fronteras nacionales, son múltiples las causas relacionadas con este concepto que ahora cobra protagonismo aquí. Un caso paradigmático es el del presidente brasileño Lula Da Silva, condenado en una caso de corrupción y cuya pena anuló después el Supremo del país carioca y que su entorno siempre ha defendido que obedecía a maniobras políticas, con la complicidad de la Justicia, para apartarlo del poder.

En España, es el independentismo, principalmente, el que asegura haber sido víctima del lawfare empezando por el caso procés, en el que llegaron a acusar al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar la causa. Además, los secesionistas arrojaron afirmaciones tan graves como que el Alto Tribunal había nutrido este proceso con atestados de la Guardia Civil que, aseguraron, «se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión y sedición».

No obstante, no es unánime la opinión de los separatistas en otras causas que Junts sigue considerando también lawfare, desde el caso Pujol -que ven orquestado por oscuras maniobras de la policía patriótica- al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs -que aduce fue condenada por su ideología- o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien mantiene que se le persigue por ser el abogado de Carles Puigdemont.

La última supuesta maniobra de lawfare denunciada por el independentismo alude a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar precisamente a Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic, en plena negociación de la ley de Amnistía.

La 'trampa' jurídica

La proposición de ley de amnistía que registró esta semana el PSOE en solitario en el Congreso trata de blindar la futura norma frente a las acciones que jueces y tribunales puedan emprender para paralizar temporalmente su aplicación a los casos concretos que tienen entre manos, al eliminar los «efectos suspensivos» de los recursos que puedan presentarse contra la misma.

Hasta ahora, se vislumbraban dos vías para que la aplicación de la ley quedara temporalmente paralizada: la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Con el marco jurídico actual, si el Supremo planteara una cuestión de inconstitucionalidad, la amnistía no quedaría suspendida con carácter general, pero sí se paralizaría su aplicación a los casos concretos hasta que el Constitucional resolviera sobre el fondo del asunto.

La pregunta a la Corte europea también deja en suspenso el caso concreto hasta recibir respuesta, como viene recogido en las normas comunitarias vigentes que no pueden modificarse a través de la ley de amnistía.