«Votos emitidos: setenta y nueve. A favor: setenta y ocho. En contra: uno. Ninguna abstención. Habiendo obtenido el voto favorable de una mayoría superior a los dos tercios de la Cámara, queda aprobada la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León». Con estas palabras del entonces presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, el 29 de noviembre de 2006 el Parlamento autonómico aprobaba la tercera reforma estatutaria antes de remitirla al Congreso de los Diputados. Un solo voto en contra registró el texto en las Cortes. Algo similar ocurrió el 29 de abril de 1998, durante el debate de la segunda reforma, donde hubo cinco 'noes', y el 31 de marzo de 1993, para la primera modificación estatutaria, donde apenas hubo dos votos en contra de un total de setenta y uno. Los grandes consensos alcanzados entonces por Partido Popular desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y Partido Socialista, en la oposición, hicieron posible que las tres reformas del Estatuto de la Comunidad salieran impulsadas bajo un manto de 'cuasi' unanimidad y soportadas por los dos partidos hegemónicos de la democracia en nuestro país.

Unos acuerdos de amplio espectro que, cabe preguntarse, si serían posibles en la actualidad. La terrible polaridad que agita la política española, y de la que bebe también la regional, hace dudar la posibilidad de que las Cortes de Castilla y León pudieran, actualmente, forjar un texto en el que se sintieran representadas todas las formaciones políticas. Los antecedentes no son muy halagüeños. La falta de acuerdo parlamentario ha impedido recientemente la lectura de dos declaraciones institucionales de las Cortes sobre lo que ocurre en Palestina e Israel, y más recientemente, de condena por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). Además, el único experimento de gran acuerdo político que ha brotado en Castilla y León –el pacto por la Recuperación Económica tras la pandemia de la covid-19 en junio de 2020– saltó por los aires a las pocas semanas entre un intenso cruce de reproches.

Personajes clave de esas tres reformas, como Juan José Lucas, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1991 y 2001; Jesús Quijano, líder regional del PSOE entre 1990 y 2000 –ambos negociaron la I y II modificación del Estatuto; y José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta y hombre fuerte de los gobiernos de Herrera, encargado de defender en el Congreso la III reforma, han explicado a este periódico la cordialidad y trabajo conjunto que apuntalaron las tres modificaciones estatutarias en las que ellos fueron protagonistas. Un pasado que todos dudan que se pueda repetir actualmente. «Yo creo que las personas entonces teníamos una facilidad de comunicación que hoy se ha perdido», señala Juan José Lucas, que destaca que «entonces fue fácil porque la política la hacen las personas, y si se hace de forma independiente de la ideología es muy fácil entenderse». «Si se radicaliza el mensaje, pues se dificulta».

(I a D) José M. Fernández Santiago, Juan Vicente Herrera, Ángel Villalba (PSOE), y José Antonio de Santiago Juárez (PP), tras la votación de la reforma del Estatuto en 2006. - Foto: Ical

En la misma línea se manifiesta Jesús Quijano, que no oculta sus «dudas» de que «ahora mismo se puedan llevar a cabo esos grandes pactos». El socialista recuerda como, «con la lógica discusión en algunas cosas», las reformas del Estatuto en las que participó fueron «un modelo de negociación y acuerdo». «Recuerdo con satisfacción cómo se produjo aquella negociación constructiva».

Otro que tampoco lo ve posible es José Antonio de Santiago-Juárez: «Ahora tiene que ser casi imposible alcanzar grandes acuerdos». En su caso, el exvicepresidente de la Junta, al igual que Quijano, rememora como «muy positivas» las «largas jornadas» de trabajo y negociaciones con el PSOE para la tercera reforma del Estatuto. «Piensa que una parte del Gobierno es Vox, que no cree en las autonomías».

Más allá de estos tres personajes clave, Fernando Rey, catedrático en Derecho Constitucional y exconsejero de Educación, tampoco ve factible un gran acuerdo entre todos, o casi todos, los grupos parlamentarios de Castilla y León. «No, claro que no es posible un gran pacto como los anteriores». Algo que Rey lamenta, y reconoce que el estado autonómico surge del «pacto PP-PSOE», que, según él, «es cuando le va bien a España». «Cuando no son capaces de alcanzar esos grandes acuerdos PP y PSOE la arquitectura institucional de este país sufre».

«Me parece imposible un gran acuerdo para reformar el Estatuto», señala a este periódico Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León y uno de los protagonistas de un hipotético pacto de Comunidad. No está el horno en la Comunidad para reformas o para grandes consensos».