Una enmienda parcial de PP y Vox a la ley de medidas de los presupuestos de la Comunidad facilitará la toma de decisiones de la Administración en los órganos de dirección de las fundaciones públicas y eliminará la "unanimidad" en el régimen de adopción de acuerdos para permitir que el Gobierno autonómico pueda ejercer con plenitud su potestad "de autoorganización dentro del sector público". Estos cambios afectarán a las 13 fundaciones públicas que en estos momentos tiene Castilla y León, entre ellas, al Serla, donde según el actual reglamento los acuerdos deben adoptarse por unanimidad. De este modo, tras la aprobación de los presupuestos, la Consejería de Industria tendrá la mayoría para desbloquear la actual situación.
La enmienda presentada por PP y Vox incorpora a la Ley de Fundaciones un nuevo apartado (el 4) al artículo 6 de la ley que prescribe que "en las fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León la mayoría de los miembros del patronato serán designados por la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico".
Asimismo, se traslada que "los acuerdos del patronato de las fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León se adoptarán por las mayorías previstas en sus Estatutos", si bien obliga a respetar dos condiciones. La primera, que para la adopción de determinados acuerdos se requerirá mayoría absoluta de los miembros del patronato, "sin perjuicio de que puedan preverse otras mayorías más reforzadas en los Estatutos". Y segunda, que "en ningún caso podrá exigirse la unanimidad como criterio de adopción de acuerdos".
En este sentido, cabe destacar que los asuntos que requerirán mayoría absoluta – y no unanimidad - son la interpretación y modificación de los Estatutos; aprobación de memorias, planes de actuación, cuentas anuales y presupuestos; establecer Reglamentos de régimen interior de los centros; establecimiento de las reglas para la determinación de los beneficiarios; extinción de la Fundación; fusión con otra u otras fundaciones; otorgamiento de poderes; y adopción de acuerdos o realización de actos que requieran autorización o ratificación del Protectorado.
Se abre así la puerta para que la Junta pueda desbloquear sus decisiones sobre el Serla. Fuentes de la Consejería de Industria explicaron a Ical, que "la enmienda busca adecuar el régimen de adopción de acuerdos en fundaciones públicas a la normativa estatal que exige que el poder de decisión quede en manos de la Administración, impidiendo, como señala la normativa de fundaciones, la unanimidad como régimen de adopción de acuerdos y manteniendo la capacidad de auto-organizacion de la Administración". En este sentido, las mismas fuentes asumieron que "esto puede afectar a la fundación Serla, pero también a otra fundaciones del sector público autonómico en el que no existe un mayor número de miembros en su patronato en representación de la Comunidad".
PP y Vox también incorporan otra enmienda para fijar un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para la adaptación de los estatutos de las fundaciones públicas a las nuevas disposiciones. Si transcurrido ese plazo no se hubiese aprobado la modificación, se aplicará directamente el régimen previsto de mayoría absoluta para los acuerdos en los temas señalados y de mayoría simple para el resto.
PP y Vox justifican su decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional (n.º 120/2011, de 6 de julio), en la que se señala que "la decisión de un ente público de constituir una fundación para el cumplimiento de los fines que le son propios no supone el ejercicio del derecho de fundación reconocido a los particulares en el art. 34.1 CE -se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley- sino el de la potestad de autoorganización que corresponde a las administraciones territoriales". " Es decir, nos encontramos ante personificaciones instrumentales con forma fundacional constituidas por la administración para la tutela de los intereses públicos que tiene normativamente encomendados", prosigue.
Así, PP y Vox inciden en que la Comunidad de Castilla y León "puede legislar los aspectos propios a la composición y adopción de acuerdos de los patronatos de sus fundaciones públicas, en virtud de las competencias previstas en el artículo 70.1, 1.º, 2.º y 18.º y en el artículo 79 de su Estatuto de Autonomía".