Una vez que desaparezca el fango y se pueda enterrar a los muertos, España debe hacer frente a algunos retos ineludibles que la terrible DANA ha mostrado con toda su crudeza. El primero de estos desafíos pasa por un análisis exhaustivo y desapasionado de su sistema de Protección Civil y de gestión de emergencias que cuente con el concurso de los mayores expertos y dibuje en sus conclusiones un modelo más simple de aplicar, con menos discrecionalidad política en la toma de decisiones y con dotaciones presupuestarias suficientes. Si del examen de lo ocurrido se derivara la necesidad de reformar las leyes para, por ejemplo, dotar de instrumentos efectivos y mayores capacidades al Gobierno central para hacer frente a catástrofes que aunque locales geográficamente tienen una dimensión nacional, sería deseable que fueran los partidos que pretenden ocupar la centralidad vayan de la mano y, aunque sea para honrar a las víctimas, abandonen el ruido y la furia con que se desenvuelve la política en este país. Es probable que estas reformas pendientes y que se intuyeron ya en la gestión de la pandemia de Covid afecten al desempeño actual del Estado Autonómico, sin que ello deba significar ni por asomo un cuestionamiento del modelo constitucional, sino más bien una forma de mejorarlo. De ahí, la necesidad que PP y PSOE tengan altura de miras y luces largas para evitar ser una vez más rehenes de los partidos nacionalistas cuya estrategia en estos 40 años ha sido debilitar el poder central, aún a costa de su eficacia.

El otro gran reto tiene que ver también con la agenda política y la calidad del debate público que está también en el trasfondo de la irritación de los vecinos de las zonas afectadas. La sospecha de haber guiado la gestión de la catástrofe bajo criterios de tacticismo político es demoledora para la democracia. Desgraciadamente, la polarización social atizada desde arriba y el cortoplacismo electoral han provocado un vaciamiento de la agenda de prioridades del sistema político español que tensa, por inacción, las propias costuras de lo que se supone una nación moderna y occidental. La burbuja gobernante tiene verdaderas dificultades para interpretar la salud social del país y convierte a miles de ciudadanos en presas fáciles para el populismo y la demagogia. Es hora de cambiar una dinámica empobrecedora y con graves riesgos para la convivencia, que volvió a aparecer ayer cuando el presidente Pedro Sánchez vinculó la ayuda económica a los valencianos con la aprobación de los presupuestos generales. La respuesta que se dé como Nación a los afectados y su forma de articularla es una oportunidad – quizá la última- para que los partidos que se autodenominan de Estado se alejen de las formaciones que lo cuestionan y puedan acordar un mínimo común que ofrezca esperanza a los afectados y, de paso, al futuro de este país.