El Boletín Oficial del Estado publicó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y la Junta, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en materia de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, que establece una aportación del Gobierno de más de 72 millones que debe confinanciar la Comunidad, con la misma cantidad. 

El convenio firmado entre ambas entidades tiene por objeto financiar, mediante el establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), singularmente los dirigidos a la implementación de las medidas contenidas en el Plan de choque acordado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, en general. Es decir, a la disminución de lista de espera y mejora de la agilidad administrativa; mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD y mejora de las intensidades de los servicios y prestaciones.

Al respecto, la Administración General del Estado, a través del Imserso, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aportará como cuantía máxima 72.269.282,65 euros. El convenio establece que, igualmente, la Comunidad de Castilla y León aportará esa misma cantidad.

El acuerdo establece que la provisión de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia gestionados por la Comunidad Autónoma se ajustará a los acuerdos adoptados. 

Con cargo al convenio publicado en el BOE pueden financiarse todas las actuaciones relativas a la agilización administrativa, reducción de plazos de valoración del grado de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y disminución de la lista de espera de conformidad al Plan de Reducción de la lista de espera presentado por la Comunidad Autónoma así como sus sucesivas actualizaciones.

Además, también pueden financiarse la mejora en las prestaciones y servicios del SAAD, mejoras en la capacitación y condiciones laborales de las personas trabajadoras en el SAAD, actuaciones en coherencia con los criterios de acreditación y calidad en los centros y servicios del SAAD o fomento de la asistencia personal.

El convenio tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, con independencia de que la ejecución de fondos por parte de la Comunidad Autónoma debe de llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2023, y no podrá ser prorrogado.